Estas son las leyes de atención médica que los legisladores de Texas cambiaron

Las madres embarazadas con Medicaid obtendrán cobertura de atención médica durante un año, los pacientes recibirán una facturación más detallada y las enfermeras obtendrán ayuda con los préstamos escolares. Pero los esfuerzos para legalizar las tiras reactivas de fentanilo no lograron ganar fuerza, aumentar el grupo de profesionales de la salud mental que aceptan Medicaid y expandir los beneficios de Medicaid a más tejanos.

por Stephen Simpson, Eleanor Klibanoff y Karen Brooks Harper 8 de junio de 2020 Hace 35 horas

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Las madres de bajos ingresos en Texas obtuvieron algunos beneficios de salud durante la última sesión legislativa, principalmente a través de la expansión de los beneficios posparto de Medicaid, pero los legisladores estatales en general mantuvieron sus ojos y sus dólares enfocados en los ajustes de la ley y en aumentar los dólares para los programas de atención médica existentes en lugar de lanzar cambios radicales. nuevas iniciativas.

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En su mayor parte en esta sesión legislativa, los legisladores estatales se mantuvieron cerca de lo familiar, dejando de lado medidas más audaces sobre el abuso de sustancias y el tratamiento de la salud mental. No hubo expansión de la elegibilidad para la marihuana medicinal. La charla sobre la despenalización de las tiras reactivas de fentanilo fue solo eso. El proyecto de ley de un legislador republicano para ayudar a abordar la escasez de personal de salud mental se dejó morir en el comité. Y, por supuesto, no se adelantó ningún proyecto de ley para eliminar la barrera más grande para las personas sin seguro en Texas: la expansión de la cobertura de salud de Medicaid.

El estado es uno de los 10 que se han negado a ampliar la cobertura de Medicaid a sus residentes después de que los legisladores de Carolina del Norte llegaran a un acuerdo este año sobre la expansión. Es una medida a la que tanto el gobernador Greg Abbott como el vicegobernador Dan Patrick se han opuesto durante mucho tiempo a pesar de que alrededor del 75% de los tejanos apoyan la expansión de alguna forma.

Además, con los plazos acercándose entre ahora y el próximo año para que finalice el alivio federal de la pandemia, no había ningún plan para reemplazar de manera preventiva esa financiación con dólares estatales, poniendo en riesgo la financiación de los programas de cuidado infantil y salud mental estudiantil que eran los mayores beneficiarios. Eso es a pesar de que el estado tiene casi $33 mil millones en ingresos adicionales disponibles en esta sesión.

"Estamos decepcionados de que la Legislatura no haya aprobado una serie de prioridades para los niños y las familias de Texas", dijo Stephanie Rubin, directora ejecutiva de Texans Care for Children, en un comunicado de prensa posterior a la sesión.

Aún así, hubo varios ganadores de atención médica en esta sesión legislativa.

Dos prioridades de la Cámara relacionadas con la salud de la mujer fueron aprobadas por ambas cámaras. El primero viene a través del Proyecto de Ley 379 del Senado, que elimina el impuesto sobre las ventas de pañales, suministros menstruales y muchos suministros relacionados con el embarazo.

La otra prioridad fue la extensión exitosa de la cobertura de Medicaid para las madres, de dos meses a un año después del parto. La medida obtuvo apoyo bipartidista después del debate sobre una enmienda contra el aborto. Mantener la cobertura de atención médica durante un año después de dar a luz ha sido durante mucho tiempo la principal recomendación del grupo de trabajo sobre mortalidad materna del estado.

Los legisladores brindaron apoyo adicional a los nuevos padres en forma de protecciones para estudiantes universitarias embarazadas y con hijos y ocho semanas de licencia parental pagada para empleados estatales.

Una coalición bipartidista de legisladores también aprobó el Proyecto de Ley 916 de la Cámara de Representantes, que requiere que las aseguradoras de salud que cubren la anticoncepción proporcionen el suministro del medicamento para un año de una sola vez. Este proyecto de ley, que ha sido enviado al gobernador, fue la única legislación relacionada con la anticoncepción que recibió una audiencia en ambas cámaras.

"Hacer que sea más fácil obtener resurtidos de recetas de control de la natalidad beneficiará a miles de mujeres de Texas", dijo en un comunicado la representante estatal republicana Shelby Slawson de Stephenville, quien ayudó a redactar el proyecto de ley, después de que fue aprobado por la Cámara. "HB 916... ayudará a las mujeres ocupadas de Texas al hacer que el proceso de recarga sea más eficiente".

Ningún cambio significativo a las leyes de aborto de Texas ganó fuerza en esta sesión, la primera que se lleva a cabo después de que la Corte Suprema de EE. UU. revocara Roe v. Wade y la prohibición casi total del aborto en Texas. No se agregaron nuevas excepciones a las leyes, que prohíben el aborto en todos los casos excepto para salvar la vida de una paciente embarazada, pero tampoco se establecieron restricciones adicionales.

El principal cambio se produjo en el Proyecto de Ley 17 de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que permite que los fiscales electos sean destituidos de sus cargos si dicen que no harán cumplir categorías específicas de delitos. Este proyecto de ley fue una respuesta directa al puñado de fiscales en los grandes condados de tendencia izquierdista del estado que han dicho que no presentarán cargos relacionados con el aborto.

Enfrentada a una continua escasez de enfermeras, la Legislatura aprobó el Proyecto de Ley 25 del Senado, que establece programas de becas, subsidios y reembolso de préstamos para apoyar a los estudiantes y profesores de enfermería.

El proyecto de ley fue patrocinado por la senadora estatal republicana de Brenham, Lois Kolkhorst, por sugerencia del vicegobernador.

"El otoño pasado se me ocurrió la idea de un nuevo programa de becas para abordar nuestra escasez de enfermeras en Texas", dijo Patrick en un comunicado. "Le pedí a la presidenta Kolkhorst que diseñara el programa y ha hecho un trabajo magistral en la elaboración de esta legislación".

Se está produciendo una crisis de personal en los hospitales de todo Estados Unidos a medida que los profesionales médicos abandonan el campo debido al agotamiento, la cantidad de ataques violentos contra los trabajadores médicos ha aumentado y la carga de trabajo ha aumentado debido a la pandemia de COVID-19.

Más de la mitad de las enfermeras de Texas informaron haber sido objeto de violencia en el lugar de trabajo en su carrera, según un estudio estatal de 2016. A nivel nacional, la tasa de violencia para los trabajadores de la salud aumentó más del 60 % entre 2011 y 2018, y la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional descubrió que la tasa de incidentes violentos graves en la atención médica es más de cuatro veces mayor que la de otros industrias

Con el proyecto de ley 240 del Senado, de la senadora estatal Donna Campell, republicana de New Braunfels, los establecimientos de atención médica deberán establecer un comité de prevención de la violencia en el lugar de trabajo, responsable de las políticas para prevenir y responder a los incidentes de violencia en el lugar de trabajo. El proyecto de ley requiere además que las instalaciones respondan a la violencia en el lugar de trabajo brindando servicios posteriores al incidente, incluido el tratamiento médico agudo si es necesario, y protege el derecho de los empleados a denunciar el incidente internamente y a la policía sin represalias.

Los proveedores de atención médica en Texas deberán enviar a los pacientes una factura detallada de los servicios antes de intentar cobrarles dinero.

La deuda médica es un problema creciente en todo el país, ya que encuestas y sondeos recientes han demostrado que un segmento cada vez mayor de la población ha tenido que cargar con pagos pendientes de atención médica debido a que los pacientes no comprenden el proceso de facturación.

Los legisladores de Texas aprobaron el Proyecto de Ley del Senado 490 para exigir que los hospitales y los médicos proporcionen una descripción en lenguaje sencillo de cada servicio prestado para ayudar a los pacientes a comprender los costos.

En el presupuesto estatal, los legisladores han reservado alrededor de $4 mil millones para los servicios estatales de salud conductual durante los próximos dos años mientras intentan abordar una crisis persistente de salud mental. Este es un aumento sustancial de los más de $ 3 mil millones asignados anteriormente a la salud mental. Alrededor de una cuarta parte de ese dinero se destinará a la renovación de los hospitales psiquiátricos estatales existentes o a la construcción de nuevas instalaciones de salud mental como parte de un plan estratégico de 2015 para abordar la lista de espera en las cárceles del condado para los reclusos que necesitan tratamiento psiquiátrico.

Los fondos para los próximos dos años asignarán un poco más de $20 millones a servicios de salud mental para veteranos, $80 millones a un programa de subsidios para reducir la tasa de reincidencia entre las personas con enfermedades mentales, un poco más de $54 millones a programas comunitarios de subsidios de salud mental y $300 millones para mantener los aumentos salariales para el personal de primera línea en los hospitales estatales de salud mental.

El presupuesto para los próximos dos años también incluye $7.4 millones para consultas de telepsiquiatría para hospitales rurales.

Los legisladores de Texas también realizaron la mayor inversión para el desarrollo de banda ancha en la historia del estado el mes pasado con el Proyecto de Ley 9 de la Cámara de Representantes, presentado por el representante estatal Trent Ashby, republicano por Lufkin, que creará el Fondo de Infraestructura de Banda Ancha de Texas. El proyecto de ley asigna $1,500 millones a un fondo de infraestructura destinado a expandir la disponibilidad de Internet en un estado donde 7 millones de personas carecen de acceso al servicio.

También se incluyen $15 millones que estarán disponibles para hospitales y grupos que establezcan y operen programas de salud mental, particularmente para niños.

Pero uno de los mayores obstáculos para la equidad en salud mental ha sido la tasa de reembolso de Medicaid y, una vez más, no se ha tocado.

En Texas, muchos terapeutas se niegan a aceptar los pagos del seguro de Medicaid porque la tasa de reembolso de sus servicios es mucho más baja que la que ofrecen los seguros de pago privados. La baja tasa ha sido un problema durante años, reduciendo el acceso al tratamiento para los tejanos de bajos ingresos.

Una solución a corto plazo propuesta en esta sesión se produjo a través del Proyecto de Ley 1879 de la Cámara de Representantes, que habría permitido que un trabajador social maestro con licencia o un consejero profesional asociado con licencia aceptara el reembolso de Medicaid por sus servicios mientras aún se estaban capacitando y buscando una licencia. El proyecto de ley no fue aprobado por el Senado.

En la primera sesión legislativa desde el tiroteo masivo en la Escuela Primaria Robb que mató a 19 estudiantes de Uvalde y dos maestros, se ignoraron las solicitudes de fondos dedicados a la salud mental para los distritos escolares y los legisladores se centraron en cambio en las subvenciones comunitarias. Esto pone a muchos programas de salud conductual para estudiantes en riesgo de cerrar.

Esto se debe a que, al comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020, el gobierno federal envió dinero a los estados del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias, también conocido como ESSER.

De los 714 distritos escolares que participaron en una encuesta estatal, más del 73 % informaron haber usado fondos de ESSER para salud mental, principalmente para ayudar con transiciones difíciles para estudiantes que enfrentaron numerosas interrupciones en el salón de clases debido a la pandemia. Estos fondos vencen a fines de 2024 y habrá poco disponible para reemplazarlos.

Mientras tanto, los legisladores enviaron a Abbott el Proyecto de Ley 3 de la Cámara de Representantes, escrito por el representante Dustin Burrows, republicano por Lubbock, que invertiría más de $300 millones en medidas de seguridad escolar y le daría al estado más control sobre cómo los distritos escolares están aumentando la seguridad en sus campus. Si los distritos no cumplen con las pautas del estado, pueden quedar bajo la supervisión de la Agencia de Educación de Texas.

Además, el estado también asignó $1.1 mil millones a la TEA para ayudar a las escuelas a cumplir con los requisitos de seguridad del estado.

Si bien estos fondos de seguridad escolar también se pueden usar para apoyar la creación o una mayor expansión de los programas de salud mental para estudiantes, los administradores escolares dicen que los nuevos requisitos de seguridad consumirán la mayor parte del efectivo proporcionado.

A pesar de una solicitud de 36 organizaciones de salud y bienestar de Texas, los proyectos de ley que podrían haber enviado más dinero para compensar la pérdida de fondos federales no lograron ningún progreso en esta sesión. Los grupos querían la creación y financiación de una "asignación de salud mental para estudiantes" separada durante la sesión.

“No queremos que nuestras escuelas se conviertan en el sistema de entrega de nuestro sistema de salud mental”, dijo Kolkhorst durante una reunión de la Cámara el mes pasado.

La Legislatura también aprobó un proyecto de ley en esta sesión que les da a las escuelas la opción de usar fondos de seguridad escolar para pagar capellanes sin licencia para trabajar en roles de salud mental. También se permitirán capellanes voluntarios en las escuelas.

Uno de los ganadores de fondos fue el impulso estatal en fondos para el programa Texas Child Health Access Through Telemedicine, o TCHATT, que conecta a los distritos escolares con profesionales de la salud mental. A través de TCHATT, los profesionales de la salud mental pueden ayudar a identificar y evaluar las necesidades de salud conductual de los estudiantes y brindar acceso a esos servicios. Se espera que el programa reciba $140 millones durante los próximos dos años.

Las opciones de guardería han ido disminuyendo en todo el estado, pero durante la sesión no se escuchó una solicitud de fondos adicionales para apoyar a la industria.

Según una encuesta reciente de la Asociación para la Educación de Niños Pequeños de Texas, el 44 % de los programas de cuidado infantil que respondieron indicaron que es probable o probable que su programa cierre dentro del próximo año cuando expiren los fondos federales de ayuda por el COVID-19.

Desde 2020, más de $4 mil millones en fondos de ayuda por el COVID-19 se destinaron directamente a 10,790 proveedores de cuidado infantil de Texas en el 85 % de los condados de Texas para ayudar a cubrir los costos de aproximadamente 836,000 niños, según la Oficina de Atención Infantil de la Administración Federal para Niños y Familias. Cuidado.

La "lista de deseos" del presupuesto de la Cámara incluía una propuesta de $2.3 mil millones para ayudar a reactivar la ya frágil industria a medida que la ayuda federal movilizada por la pandemia expira a finales de este año. Esto habría proporcionado un pago directo al proveedor de alrededor de $1,000 por niño por año, basado en la cantidad de niños que una guardería tiene licencia para atender. La Legislatura no incluyó la financiación en el proyecto de ley de presupuesto final.

En un intento por eliminar los informes falsos de abuso infantil, la Legislatura de Texas aprobó un proyecto de ley que prohibiría a los tejanos realizar informes de abuso infantil de forma anónima.

El proyecto de ley 63 de la Cámara, escrito por la representante estatal Valoree Swanson, republicana de Spring, fue aprobado por los legisladores y enviado al gobernador el mes pasado. El proyecto de ley es la última medida no solo para reducir el volumen de trabajo del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas, sino que también marca un cambio radical en la forma en que Texas alerta a los funcionarios sobre posibles abusos infantiles.

Actualmente, cualquier persona puede llamar a la línea directa de abuso infantil del DFPS (800-252-5400) o presentar un informe en línea para notificar de forma anónima a los investigadores sobre la posible negligencia o abuso de un niño. Un investigador de abuso infantil luego hará un seguimiento de esa pista y realizará una investigación preliminar. Si el investigador no encuentra pruebas que lo corroboren, el informe se considera infundado y no se toman otras medidas.

Pero este proyecto de ley requeriría que la agencia de abuso infantil obtenga la identidad de la persona que llama desde el principio. No se tomará ningún informe a menos que la persona que llama o el reportero en línea proporcione su propio nombre, número de teléfono y dirección. La identidad de la persona que llama se mantendría confidencial para todos, excepto para aquellos que trabajan en DFPS.

Para combatir el creciente número de muertes por sobredosis de fentanilo en Texas, los legisladores aprobaron una serie de proyectos de ley basados ​​en la concienciación sobre las drogas y la distribución de Narcan.

Sin embargo, los defensores de cambiar las políticas de drogas del estado para legalizar las tiras reactivas que pueden detectar el fentanilo descubrieron que su proyecto de ley perdió fuerza después del apoyo inicial del liderazgo estatal.

El debate en el Senado aparentemente acabó con el Proyecto de Ley 362 de la Cámara de Representantes, que habría eliminado las tiras reactivas de fentanilo de la lista de parafernalia de drogas del estado, lo que permitiría a las personas evitar un posible cargo por un delito menor por poseer una. Actualmente, la posesión de parafernalia de drogas (artículos utilizados para consumir sustancias ilegales que pueden incluir tiras de prueba de fentanilo, jeringas y pipas usadas) es un delito menor de Clase C punible con una multa de hasta $500.

En cambio, los legisladores adoptaron un enfoque más "duro con el crimen" frente a la epidemia de fentanilo al aprobar el Proyecto de Ley 6 de la Cámara de Representantes, que clasificará las sobredosis del opioide sintético como "envenenamiento", lo que generará cargos de asesinato para los condenados por darle a alguien una dosis fatal del opioide sintético. opioide.

Los partidarios de la legislación argumentan que las sanciones mejoradas brindan a las fuerzas del orden público más herramientas para ayudar a abordar una crisis creciente en el estado al responsabilizar a los comerciantes.

Durante dos años, desde el año fiscal 2019 hasta el 2021, las muertes por sobredosis de fentanilo en el estado aumentaron casi un 400 %. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que más de 5000 personas en Texas murieron por sobredosis de drogas entre julio de 2021 y julio de 2022.

El tema ha ganado aún más atención después de la muerte de adolescentes y adultos jóvenes de Texas por sobredosis de fentanilo. Las víctimas habían pensado que estaban tomando el medicamento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad Adderall.

Varios proyectos de ley de esta sesión se dirigieron específicamente a la conciencia sobre la seguridad de las drogas entre los jóvenes, ya que el fentanilo ha afectado duramente a algunos distritos escolares locales.

El Proyecto de Ley 3908 de la Cámara permitirá la prevención del abuso de fentanilo y la educación de concientización sobre el envenenamiento por drogas en las escuelas públicas. Mientras que el Proyecto de Ley del Senado 629 cubre una amplia gama de temas relacionados con el uso de medicamentos para revertir la sobredosis, lo que incluye permitir que los médicos dispensen dichos medicamentos a las escuelas sin requerir la identificación del usuario y establecer estándares de capacitación para el personal escolar.

Los tejanos que sufren de dolor crónico y potencialmente otras condiciones debilitantes habrían podido acceder al programa de marihuana medicinal del estado bajo el Proyecto de Ley 1805 de la Cámara de Representantes de Salud Pública de la Cámara de Representantes, Stephanie Klick, R-Fort Worth. El proyecto de ley obtuvo un apoyo abrumador en la Cámara de Representantes de Texas, pero murió en el Senado sin una audiencia pública.

La legislación bipartidista habría sido una expansión de la ley de "Uso Compasivo" del estado de 2015, que, en una serie de cambios legislativos desde que se creó, ha permitido que un número creciente de pacientes en Texas usen cannabis legalmente para tratar síntomas debilitantes de afecciones. como la epilepsia, el autismo, el cáncer y el trastorno de estrés postraumático o TEPT.

Hace dos años, los demócratas y un número creciente de republicanos tenían la esperanza de expandir el acceso a Medicaid a más personas. Pero el proyecto de ley para hacer eso murió durante esa sesión de 2021, lo que significa una perdición segura para cualquier esfuerzo futuro. En esta sesión, se presentaron proyectos de ley para ampliar el acceso a Medicaid, pero ninguno llegó a votación.

Texas es uno de los 10 estados que se ha negado rotundamente a expandir la cobertura de Medicaid a más personas. El programa federal de seguro de salud ofreció a los estados la opción de ampliar el acceso en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2014.

Pero en esta sesión, los legisladores tenían decenas de miles de millones en superávit presupuestario y poca motivación para expandir el programa a cambio de los miles de millones de dólares que ofrece el gobierno federal como incentivo.

Texas tiene la tasa y el número más alto de residentes sin seguro en el país.

"De los adultos sin seguro de Texas que podrían estar cubiertos con la expansión de Medicaid, casi 8 de cada 10 son trabajadores en sectores como la construcción, los servicios de alimentos y la salud en el hogar", dijo Anne Dunkelberg, investigadora principal de Every Texan, un instituto de políticas sin fines de lucro. "Aquellos que no están trabajando están cuidando a niños y adultos con discapacidades o niños pequeños y no pueden ganar lo suficiente para cubrir el cuidado de los niños".

Como resultado de la pandemia de COVID-19, los legisladores se movieron para prohibir que los gobiernos estatales y locales exijan máscaras, vacunas y cierres de negocios durante futuras emergencias de salud. El proyecto de ley 29 del Senado estatal Brian Birdwell impide en gran medida que los organismos gubernamentales exijan el cierre de escuelas públicas y privadas o hagan que las empresas operen con restricciones específicas para frenar la propagación de un patógeno contagioso.

Pero no fue la primera vez que los legisladores se enfocaron en los esfuerzos gubernamentales para controlar la pandemia que mató a más de 92,000 tejanos.

En 2021, justo cuando las vacunas estaban ampliamente disponibles y la gente seguía muriendo todos los días a causa del virus, los legisladores estatales enviaron una lista de proyectos de ley al gobernador con el objetivo de proteger los derechos de los tejanos contra una respuesta estatal a la pandemia que los líderes conservadores del estado creían que también iba. lejos. Durante esa sesión, los legisladores aprobaron proyectos de ley que, entre otras cosas, prohíben los llamados pasaportes de vacunas y prohíben el cierre obligatorio de iglesias y armerías durante una declaratoria de emergencia.

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